sábado, 25 de febrero de 2017

La educación vuelve a ser tapa de los medios

La educación vuelve a ser tapa de los medios

Comenzando el mes de febrero la educación argentina vuelve a ponerse en discusión. Como en tantos otros veranos, ocupa un lugar preferencial en los medios de comunicación –radios, tv, periódicos, portales de noticias, redes sociales, etc.– pasando a ser un condimento más dentro de la red informativa que, cotidianamente, merodea el territorio nacional.
Por estos  días, los gremios de trabajadores educativos empiezan a hacerse visibles, poniendo voz a los reclamos de la docencia argentina que brega por el incremento de los magros salarios y mejores condiciones de infraestructura y estabilidad laboral.












        En el caso particular de Entre Ríos, la situación se agrava por el estancamiento salarial que los trabajadores de la educación venimos sufriendo desde hace ya muchos años. Entre Ríos está en el piso de la escala  salarial nacional y sólo se mantiene (gracias a la defensa acérrima del colectivo docente) como punto a favor en relación con otras provincias el 82% móvil para los maestros y profesores jubilados ,aunque este derecho sufre el pago por fuera del básico de buena parte del salario.
Retrotrayéndonos a los últimos inicios del ciclo lectivo,  éstos no han sido sin lucha. Aún en el escenario de paritarias nacionales, la realidad de pauperización salarial nunca fue saldada. Es decir, aún en 2015 y 2016, los salarios de los docentes entrerrianos cerraron, una y otra vez, muy por debajo del de provincias vecinas. La disparidad en la escala salarial demuestra que los trabajadores de la educación en Entre Ríos seguimos estando en una situación de injusticia y de vulneración de derechos, incluso en comparación con situaciones que se presentan en el marco de la tan proclamada “Región Centro”.


Demandas no atendidas se reiteran con distintos matices en el inicio de cada ciclo lectivo. Demandas estructurales que dan cuenta de las  dificultades edilicias y que han sido acreditadas por los directivos a través de reiteradas peticiones, destacando la necesidad de atender la ampliación de los espacios físicos, refacción de la red de agua y  luz, reparación de techos, paredes y aberturas, pintura interior y exterior, llegando a darse casos en los que, con espacios verdes extremadamente amplios, al no contar con personal de maestranza, se requiere la limpieza del predio escolar. Como puede observarse, los aspectos mencionados son esenciales para el óptimo funcionamiento institucional, procurando mínimamente atención y mantenimiento por parte del Estado.


            En la dimensión curricular y en el plano de la formación, el Programa Nacional de Formación Permanente ‘Nuestra Escuela’ (PNFP) genera cierta ambivalencia. Hagamos memoria: por una parte el Componente N° 1, denominado institucional, apareció en medio de un clima brumoso a la hora de hacerse efectivo en las instituciones seleccionadas –sin razones claras acerca de las opciones escogidas y sin participación colectiva de los actores territoriales; por otra, los “facilitadores”, capacitadores cuya trayectoria y formación no siempre estuvo a la altura de su función y cuya selección no supuso convocatorias abiertas, sumó desconcierto y fragilidad a la propuesta. Así, lo que se pretendía un derecho  a la capacitación en servicio, reclamada por el colectivo docente y acordada en paritarias como el programa Nuestra Escuela, terminó librada al azar de  los recursos y vaivenes jurisdiccionales.
La tan ansiada capacitación, llevada a cabo en “días Institucionales” con suspensión de clases destinados a tal propósito, en algunos casos, resultó una carga más para los directivos de las escuelas, que debían destinar recursos y tiempos para realizar el trabajo de contextualizar el material enviado a las diversas  realidades institucionales.
Los trabajadores en cargos jerárquicos no sólo debían conducir las escuelas, con toda la responsabilidad que ello implica, con escasos recursos, obedeciendo decretos y resoluciones que los colocaban en un frente de conflicto cotidianamente; sino que además debían “preparar clases de capacitación de Nuestra escuela, tomando el material que enviaban de Nación”, para así cumplimentar las instancias. Por otra parte, nunca se sabía si correspondían a una cohorte, a dos, o hasta que el año culminara.
El Componente N° 2, considerado de formación específica, fue recibido con cierta algarabía. Si bien hubo instancias valiosas –con participación de universidades y algunas propuestas nacionales de carácter virtual– a la hora de incorporar a los destinatarios, muchos colegas quedaron en el camino por motivos diversos, incluso tecnológicos, porque no podían ingresar al sitio, o porque ante la copiosa cantidad de materiales sugeridos se vieron superados en sus posibilidades efectivas y materiales de seguir el ritmo propuesto. En algunos casos, los tutores mostraron escasa experiencia y poco conocimiento del trabajo en territorio. Estos factores provocaron que muchos docentes en silencio, dieran marcha atrás con las  capacitaciones y especializaciones.
Así planteadas, estas instancias, ¿realmente significaban espacios de formación y de aprendizajes para los docentes? ¿Proveían de herramientas o estrategias para mejorar la enseñanza? ¿Los sitios de producción colectiva de conocimientos aportaron a los resultados esperados. Más allá de las buenas  intenciones político-pedagógicas, que no debemos desvalorizar, ¿logró el programa, los  propósitos que exponía en sus Módulos?, ¿el proyecto institucional mostró algún impacto beneficioso a partir de las mismas?





       Al ser obligatorias, las reuniones organizadas en el marco del Programa Nacional de Formación Permanente muchas veces significaban una “provocación al malestar docente”. Se sabe que los aportes teóricos, aunque valiosos,  no alcanzan a dar respuestas a las necesidades urgentes. Cuando el techo se caía a pedazos en muchas instituciones, literalmente, muchos de los planteos propuestos nos resultaban ajenos. Escuelas sin aulas, con paredes electrificadas, escuelas incendiadas, escuelas sin baños, escuelas sin agua, escuelas sin recursos. Escuelas con y en urgencias permanentemente, reclamaban otras respuestas.
Docentes desanimados ante una realidad que se dirimía entre voluntades políticas y batallas sindicales. ¿Cómo y quiénes evalúan los efectos de  estas políticas de tamaña inversión?  ¿Quiénes evalúan la prioridad de un programa por encima de otros, o de mejores condiciones salariales para todos los docentes?
 Mientras el ciclo lectivo 2016  terminaba, la realidad carcomía la esperanza y empeoraba cada día. Las promesas de campaña se volvieron palabras vacías, en las que ya nadie creía. Promesas del fin de los flagelos que la educación debía enfrentar: “pobreza cero, igualdad de oportunidades, combate al narcotráfico y unión”. Promesas de “diálogo, desarrollo y crecimiento”,  terminaron siendo sólo ajuste y recorte. Promesas de calidad educativa, de innovación, y de reconocimiento a la tarea docente. ¿La educación por fin se ocuparía de educar? ¿Es posible recuperar la centralidad de la enseñanza, con un salario docente por debajo de la línea de la pobreza? Con recortes y ajustes en presupuestos para educación, la educación como derecho parecería en retirada.
Recordemos que a nivel ministerial se produjo la supresión y recortes de fondos de programas socioeducativos, el cierre de una serie de propuestas de formación, como programas  específicos. Aún con deficiencias y  limitaciones en contexto, estos programas tenían el propósito de ampliar posibilidades y reponer derechos vulnerados. Se derribaron propuestas como el Programa Conectar Igualdad (una política que intentaba ampliar el acceso a la tecnología digital, no obstante  haber  sido poco provechada en muchas  escuelas donde los directivos no pudieron instalar el Aula Digital Móvil, una tarea que muchas veces excede sus posibilidades.)
Ya en el último tramo del ciclo lectivo 2016, el mes de octubre se divisaba como un período marcado por la desazón y el malestar que había dejado el Operativo Aprender. Por aquellos días, desde esta  Red de Estudios Escuela, transmisión y vínculos intergeneracionales –recientemente creada–, este espacio de discusión colectiva, se manifestó el fastidio de gran número de ciudadanos, frente a este mecanismo de evaluación generalizado: “Con el Operativo Aprender 2016, se vuelven a instalar las evaluaciones estandarizadas, negando las trayectorias diversas y plurales de los estudiantes, al ponderar resultados, que sólo reivindican el mérito de los mismos.”, contando con la adhesión y apoyo de distintos sectores y seguidores de las redes sociales.






      A pocos días de comenzar el año escolar 2017, mientras los docentes renovamos apuestas y entusiasmos para el encuentro con nuevos grupos de estudiantes,  nos preguntamos: ¿Cómo están nuestras escuelas? ¿Están estas condiciones para la enseñanza, garantizadas por el Estado?. ¿Serán las mismas líneas las que sostendrán la formación y actualización docente?, ¿con qué recursos?, ¿cómo se sustentarán las trayectorias escolares en los diferentes territorios entrerrianos?
Si quienes deben representarnos, se silencian o negocian frente a cada nuevo escenario, si se priorizan batallas que no significan prioridades para el conjunto de la docencia, si se sesgan las reivindicaciones necesarias según el color partidario de quien nos gobierna, lo que queda  es un escenario de desamparo y preocupación.
Ante la indiferencia estatal, con escasas expectativas de  mejoras en el panorama educativo, sabiendo que en pocos días se producirá  el retorno a las aulas, se vuelve imperioso seguir pugnando por los derechos construidos y por  la concreción de lo pendiente: salarios acordes al costo de vida, estabilidad laboral, formación docente continua, condiciones edilicias dignas, incremento en los recursos financieros para efectivizar mejores condiciones en la enseñanza y en el servicio alimentario, entre otras numerosas demandas.
Sin olvidar que históricamente las conquistas educativas han sido el resultado de innumerables luchas y expresiones colectivas, tornándose en el combustible que mantiene viva la llama de la ciudadanía argentina, como educadores no podemos claudicar. Sólo continuar diciendo presente en cada lugar, trabajando incansablemente contra el desamparo de nuestros niños y jóvenes. Sabemos que sólo es posible hacer confianza en el futuro –desde las decisiones que tomamos hoy– en el vínculo que juntos podemos construir, en un espacio común y participativo, en la apuesta plural por la concreción del derecho a la educación pública. Es por esto que queremos, trabajamos y bregamos ante quienes tienen la responsabilidad, por  una educación pública que se proyecte hacia un horizonte de mayor calidad, justicia y  e igualdad.

Red de Estudios: Escuela, transmisión y vínculos intergeneracionales

Entre Ríos, 18 de febrero de 2017.-

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